El 24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de la dictadura y las sombras del presente

El 24 de marzo es una fecha que atraviesa el alma de la Argentina. Es un día para recordar, pero también para reflexionar sobre las cicatrices que dejó la última dictadura cívico-militar (1976-1983), un régimen que perpetró crímenes atroces. Sin embargo, hoy, más de cuatro décadas después, no podemos dejar de advertir las señales preocupantes que nos recuerdan que los fantasmas del pasado aún acechan, incluso desde las mismas estructuras del poder actual.

Los crímenes de la dictadura: Un capítulo oscuro e inolvidable

El golpe de Estado que instauró la dictadura el 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Durante siete años, el país fue víctima de un plan sistemático de desaparición forzada, tortura, asesinato y apropiación de niños. Más de 30.000 personas fueron secuestradas, muchas de ellas arrojadas vivas al mar desde aviones militares, mientras otras permanecen desaparecidas hasta hoy.

Los centros clandestinos de detención, como la ESMA, La Perla y Mansión Seré, se convirtieron en símbolos del horror. Allí, hombres y mujeres —trabajadores, estudiantes, intelectuales, sindicalistas, religiosos— fueron brutalmente torturados por el simple hecho de pensar diferente o luchar por un mundo más justo. El silencio cómplice de sectores empresariales, mediáticos y políticos permitió que estos crímenes se cometieran bajo la máscara de un supuesto «orden».

La dictadura no solo persiguió a quienes consideraba enemigos; también intentó borrar la memoria colectiva, aniquilar las ideas y sembrar miedo. Pero la resistencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto con organismos de derechos humanos, logró mantener viva la llama de la esperanza y exigir justicia.

Sombras del presente: ¿Hacia dónde vamos?

A pesar de los avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia tras el retorno de la democracia, hay signos alarmantes que nos obligan a preguntarnos si el espíritu autoritario de aquellos años sigue latente en algunos sectores del poder político y económico actual.

En primer lugar, el discurso de odio y estigmatización hacia ciertos sectores de la sociedad —como los movimientos sociales, las organizaciones populares, los defensores de los derechos humanos incluso personas con discapacidad o simplemente empleados publicos— resuena peligrosamente en ciertos discursos oficiales y medios hegemónicos. Esta retórica divide y enfrenta, alimentando una polarización que debilita la democracia.

Además, persiste una tensión constante entre las instituciones democráticas y los sectores concentrados de poder económico, que históricamente han priorizado sus intereses por encima del bien común. Estos actores, que durante la dictadura apoyaron el golpe y se beneficiaron de las políticas neoliberales implementadas entonces, siguen ejerciendo influencia desproporcionada en la agenda política del país.

Por otro lado, los intentos de deslegitimar las políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad social y garantizar derechos básicos —como salud, educación y vivienda— son un reflejo de un modelo que privilegia a unos pocos en detrimento de la mayoría. Este enfoque excluyente no sólo perpetúa las desigualdades, sino que también erosiona los pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Finalmente, el resurgimiento de prácticas represivas contra protestas sociales y la criminalización de la pobreza evocan tristes reminiscencias del pasado. Las imágenes de represión policial en manifestaciones pacíficas o la militarización de barrios populares resultan inaceptables en una democracia que pretende ser plena.

La memoria no olvida. La lucha continúa.